| - México
sigue como la primera economía regional
México se consolidó el año pasado como la mayor economía de América
Latina por el valor de su Producto Interior Bruto, por encima de Brasil, en tanto que
Argentina recuperó el tercer lugar en la lista, según un estudio difundido el jueves por
la consultora brasileña Global Invest.
México, que desde 2001 desplazó a Brasil como mayor economía regional, se consolidó
en el liderazgo con un Producto Interior Bruto (PIB) de 626.080 millones de dólares en
2003, según la consultora, que utilizó para su estudio las cifras en dólares manejadas
por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reunión de la semana pasada.
Brasil permaneció en el segundo lugar, con un PIB de 497.850 millones de dólares, y
sin perspectivas de recuperar el primer puesto, de acuerdo con Global Invest.
"Teniendo en cuenta el crecimiento promedio de las economías mexicana y
brasileña desde 2001, no hay, para los próximos dos años, perspectivas de que Brasil
vuelva a ocupar la primera posición", según el estudio.
Argentina, que en 2002 cedió su tradicional tercer lugar a Venezuela, recuperó esa
posición el año pasado, cuando su PIB llegó a 129.740 millones de dólares, contra los
84.910 millones de dólares del venezolano.
En 2002, el PIB venezolano fue de 94.340 millones de dólares y el argentino de 92.950
millones de dólares.
Las cifras reflejaron la dura crisis política, económica y social sufrida por
Argentina en 2002 y su recuperación el año pasado, así como los problemas de Venezuela
el año pasado.
"Tampoco hay perspectivas de que Brasil sea desplazado por Argentina del segundo
lugar en los próximos dos años, ya que la magnitud de la economía argentina es
considerablemente menor a la de los dos primeros colocados", agrega el informe.
En la lista de las 19 mayores economías latinoamericanas elaboradas por Global Invest,
en el quinto lugar permaneció Colombia (77.850 millones de dólares), seguido por Chile
(72.050 millones de dólares), Perú (60.630 millones de dólares) y Ecuador (24.280
millones de dólares).
Guatemala y Costa Rica ascendieron al noveno y décimo lugar (19.540 millones de
dólares y 17.570 millones de dólares respectivamente) y República Dominicana perdió
dos posiciones, hasta la undécima, debido a que su PIB cayó de 21.280 millones de
dólares en 2002 a 15.970 millones de dólares en 2003.
La lista la completaron, sin modificaciones, El Salvador (13.090 millones de dólares),
Panamá (12.950 millones de dólares), Uruguay (11.200 millones de dólares), Trinidad y
Tobago (10.050 millones de dólares), Bolivia (8.570 millones de dólares), Honduras
(6.840 millones de dólares) y Paraguay (5.780 millones de dólares).
Gobierno chihuahense hostiga a
activistas contra feminicidio
La directora de Casa Amiga, Esther Chávez Cano, exigió este miércoles al Poder
Ejecutivo y al Congreso de la Unión que se pronuncien por el cese del clima de
hostigamiento contra defensores de los derechos humanos provocado por el gobierno de
Chihuahua, debido a su activismo para esclarecer los asesinatos de mujeres en Ciudad
Juárez.
En conferencia de prensa en la Ciudad de México, Chávez Cano denunció diversos actos
de hostigamiento y una “campaña de desprestigio” en la prensa local, impulsada
-aseguró- por el gobierno estatal en contra de familiares de las víctimas y de
agrupaciones que demandan el esclarecimiento del feminicidio, que desde 1993 ha dejado
cerca de 400 víctimas.
Esther Chávez propuso entre otras medidas que contribuirían a hacer justicia por la
ola de asesinatos de mujeres en Juárez, la creación de una comisión binacional de
investigación entre México y Estados Unidos, tal y como lo piden 78 legisladoras del
vecino país.
Criticó que el gobierno del presidente Vicente Fox se niegue a la integración de una
comisión binacional para el caso Juárez, mientras que acepta instancias similares para
otros asuntos que afectan a ambos países.
Reiteró que en el feminicidio estarían involucrados criminales del otro lado de la
frontera, según reportes de la estadounidense Oficina Federal de Investigación (FBI) y
que -sostuvo- han sido ignorados por las autoridades locales. Agregó que Casa Amiga
-centro que atiende a mujeres víctimas de violencia- ha atendido a mujeres que han sido
agredidas por ciudadanos de EU.
Junto a otros activistas por los derechos humanos, Chávez Cano, denunció que en días
recientes la prensa local publicó varias notas en las que se acusa a la directora de Casa
Amiga de “lucrar con el dolor de las madres”.
Las y los representantes de los grupos civiles afirmaron que tales publicaciones
presentan información de los donativos y recursos que recibe Casa Amiga, la cual
“únicamente pudo ser proporcionada” por el gobierno de Chihuahua.
Entre otros actos de hostigamiento, los activistas mencionaron que madres de mujeres
asesinadas, como Marisela Ortiz -dirigente de la organización Nuestras Hijas de Regreso a
Casa-, y abogados de las familias de las víctimas han sufrido asaltos, y amenazas
verbales y telefónicas en las que -acusan- habrían participado policías judiciales de
la norteña entidad.
Sobre las investigaciones del feminicidio, la asesora jurídica de la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Adriana Carmona,
lamentó que la comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en
Juárez, Guadalupe Morfín, carezca de recursos para cumplir con su objetivo. Esther
Chávez dijo que la comisionada “está desamparada” en su labor.
Carmona apuntó que por el contrario, la fiscal especial que investiga los asesinatos,
María López Urbina, cuenta con presupuesto pero no tiene amplias facultades para atraer
todos los expedientes del feminicidio. Recordó que la fiscal sólo está revisando 14
expedientes de mujeres asesinadas.
Al respecto de la visita de especialistas de Naciones Unidas a Ciudad Juárez esta
semana para dar asistencia técnica a las autoridades judiciales de Chihuahua, las
activistas confiaron en que las observaciones de los expertos -quienes documentaron
torturas contra supuestos responsables de los crímenes- sirvan como medida de presión
para que el gobierno mexicano cumpla con su obligación de resolver la ola de crímenes.
Nuevo León encabeza la lista de
violencia contra las mujeres
Monterrey, Nuevo León - El Estado de Nuevo León se colocó a la cabeza nacional en
materia de violencia hacia las mujeres. Datos indican que el 48 por ciento de las
nuevoleonesas ha sufrido violencia física, psicológica o social.
En los últimos años una de cada dos mujeres en esta entidad ha sido violentada en su
vida. Lo más preocupante es la revelación de que dicha violencia es hasta de 37 por
ciento dirigida hacia las mujeres jóvenes.
Y según esta información, entre 2000 y 2004 se han reportado 94 asesinatos de mujeres
a manos de sus parejas.
Esta situación, según María Elena Chapa, presidenta ejecutiva del Instituto Estatal
de las Mujeres, obliga al Congreso Local a mejorar la legislación; a la sociedad y al
gobierno a tomar medidas urgentes de prevención y justicia; y a los medios de
comunicación a contribuir con una cultura que valore a las mujeres en la vida diaria.
En Nuevo León está creciendo una actitud discriminatoria y excluyente para las
mujeres pobres e indígenas. En los últimos años la migración interna del país
determinó que llegaran a esta entidad más de 8 mil mujeres mixtecas, las que han sido
obligadas a vivir y concentrarse en el municipio de Garza García, donde muchas trabajan
como empleadas domésticas; otras del comercio y la artesanía, pero viven, en una virtual
reserva.
Esta situación es atribuible a las políticas del gobierno panista, señalan distintas
fuentes, y producto de acciones directas de exclusión social.
En la entidad norteña, una de las de mayor ingreso per cápita del país y donde se
asienta una vieja tradición industrial, se han concentrado formas discriminatorias de
relación entre hombres y mujeres en todas las actividades: las mujeres ganan menos que
los hombres en cuanto a salario, y en las mesas judiciales se acumulan todos los días
denuncias por violación y hostigamiento.
La presidenta ejecutiva hizo notar que el Instituto Estatal de las Mujeres, de muy
reciente creación, recibirá este año apenas 15 millones de pesos para realizar
actividades normativas, ejecutivas y operativas en materia de pobreza, violencia, salud,
equidad política y elaboración de presupuestos de género, un porcentaje muy pequeño de
la masa presupuestal.
Explicó a un grupo de hombres y mujeres periodistas reunidos para reflexionar en torno
a la cultura no discriminatoria, que las limitaciones económicas y la escasez de
comprensión sobre la importancia de la labor de éste y otros institutos de las Mujeres,
todavía impiden desarrollar políticas agresivas para disminuir la desigualdad y la
injusticia entre hombres y mujeres.
La violencia, que afecta a casi la mitad de las mujeres, la exclusión de las
indígenas, el conflicto de pareja, la inexistencia de políticas de acción positiva, los
problemas graves de salud pública por cáncer, aborto y desnutrición femeninas y la
falta de empleos suficientes y dignos, son apenas un pálido cuadro de lo que realmente
sucede.
Tal vez por ello Chapa, ex diputada local y federal, ex senadora de la República y
destacada por sus actividades partidarias a favor de la inclusión de las mujeres, ha
comenzado a trabajar con una agenda ambiciosa y multisectorial.
En la mesa está la programación de 30 publicaciones en los próximos 8 meses; la
aparición reciente de la revista Violeta, de publicación trimestral; la realización de
estudios de gabinete en torno a la situación rural, la cuestión laboral y una campaña
para hacer visibles a destacadas mujeres de la entidad.
Igualmente se realizará un encuentro internacional de mujeres, y apoyará uno
trinacional de periodistas; talleres y reuniones, además de servicios directos para
combatir el desconocimiento sobre los derechos, la atención a la violencia y la
alfabetización en derechos de las mujeres. Se trata dijo Ma. Elena Chapa de hacer
efectivo el lema del Instituto que reza: TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS LAS MUJERES.
La hiperactiva funcionaria trabaja también en la promoción e instalación de
Institutos municipales de la mujer; en la elaboración o mejoramiento de disposiciones
legales, y mantiene y hace valer la coordinación con todas las instancias del ejecutivo
que aseguren la buena marcha política, social y económica de la nueva institución.
(Resumen de noticias y comentarios de Gerardo Maraboto para la Red
Kalki)
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